Tierra

Alerta roja en África

Compra y alquiler masivo de tierra por inversionistas extranjeros se ha convertido en un problema en África. Pequeños campesinos pierden sus terrenos, por culpa de gobiernos que hacen negocios sin tomarles en cuenta.

Foto: Henrik Lomholt Rasmussen.
Foto: Henrik Lomholt Rasmussen.
19. January 2010

Por Vibeke Quaade & Henrik Lomholt Rasmussen, cooperantes de información/Uganda & Mozambique.

La compra y alquiler de tierra por otros países o empresas transnacionales está fuera de control en África.

El negocio está amenazando a campesinos locales, cuyo acceso a la tierra para cultivar o pastorear sus animales es un asunto de vida o muerte. Según el observador de Naciones Unidas en asuntos de seguridad alimentaria, Olivier de Schutter, el tipo de comercio de tierras que se ve en África – conocido como land grabbing – viola los derechos humanos.

“Debemos sonar la alarma. La venta de tierras por gobiernos africanos a inversionistas, ya está en un nivel que hace necesario tocar el problema a nivel de la Asamblea General de la ONU. La ONU es el único organismo que legítimamente puede actuar frente a gobiernos que mediante ventas ignoran a campesinos pobres, que muchas veces carecen de títulos y por lo tanto no tienen acceso a apoyo legal”, explica Olivier de Schutter.

La razón del fuerte aumento de inversiones en tierra viene de la crisis alimentaria de 2007 y 2008. La crisis causó fuertes alzas en los precios de alimentos, hasta que una cosecha récord en 2008 los hizo bajar de nuevo. Sin embargo, los mercados internos de varios países en Asia y el Medio Oriente se asustaron tanto que comenzaron a considerar a África y algunos de los países pobres de Asia como posibilidades para producir alimentos – en particular arroz y trigo – para sus propios países.

China compra tierra en Zambia

Como consecuencia, China está a punto de comprar dos millones de hectáreas de tierra en Zambia y 2.8 millones de hectáreas en la República Democrática del Congo, para cultivos agrícolas y para biocombustibles.

En el Congo, dos agricultores sudafricanos están alquilando diez millones de hectáreas y el año pasado Corea del Sur y Sudan acordaron cultivar 690,000 hectáreas de tierra en Sudan, con trigo. También en Sudán, Egipto ha logrado un acuerdo que permite producir dos millones de toneladas de trigo para los egipcios. Es decir que Egipto, donde el 20 por ciento de la población es pobre, recibirá trigo de Sudan, donde el 40 por ciento de la población es pobre.

Es este el comercio que Olivier de Schutter espera poder levantar en la Asamblea General de la ONU. Uno de los frenazos que se espera es una especie de ‘acuerdo de caballeros’, de once principios, sobre compra-venta y alquiler de tierra en países pobres.

El primero de los once principios recomienda que los “acuerdos de inversión se deben llevar a cabo públicamente y con la participación de las comunidades, cuyo acceso a la tierra y otros recursos de producción pueden verse afectados por la inversión”.

Empresa alemana en problemas

Que la opinión de la comunidad local no siempre se toma en cuenta, se demuestra con un caso del oeste de Uganda. Ahí viven 400 campesinos y sus familias, aún sin acceso a tierra, ocho años después de que tropas especiales del ejército ugandés bruscamente les obligó a abandonar sus terrenos. El desalojo se produjo cuando una empresa alemana – Neumann Kaffee Gruppe – creó la plantación más grande de café en Uganda, en una zona que el gobierno de Uganda había dado a la empresa.

“Nunca hemos recibido una compensación. Incluso, Neumann ha tratado de parar el juicio que hemos iniciado en contra de la empresa y el gobierno de Uganda”, explica el portavoz de los campesinos, Peter Kayiira.

Sin embargo, gracias a la organización alemana de derechos humanos FIAN, el caso se ha convertido en una taza amarga, tanto para la empresa alemana como para el gobierno de Uganda.

En junio de este año, FIAN presentó una queja ante el Ministerio de Comercio de Alemania, en contra de Neumann Kaffee Gruppe – una de las empresas más grandes de café del mundo con 23 plantaciones a nivel global. La queja de FIAN se basa en que Neumann ha incumplido con las orientaciones de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), al no protestar por el hecho de que se obligó a un grupo de personas a abandonar, sin compensación, la tierra que ellos consideraban esencial para su sobrevivencia.

Hace ocho años, tropas especiales del ejército ugandés obligaron a 400 campesinos a abandonar sus terrenos. La razón: una empresa alemana tenía que crear una mega-plantación de café. Foto de archivo: Gideon Mendel/Corbis/ActionAid.
Hace ocho años, tropas especiales del ejército ugandés obligaron a 400 campesinos a abandonar sus terrenos. La razón: una empresa alemana tenía que crear una mega-plantación de café. Foto de archivo: Gideon Mendel/Corbis/ActionAid.

Una voz para la gente

El actuar de la organización alemana FIAN merece mucho respeto, opina el egipcio Ashraf Hussein, asesor y coordinador en temas de derecho a la tierra de MS Nepal.

“Demuestra que los ONGs pueden y deben jugar un papel en la lucha contra el land grabbing. Las ONGs tienen relaciones con la gente a nivel local y pueden darles una voz”, opina Ashraf Hussein.

En un mundo ideal, recomendaría a los países pobres cooperar con la OPEP (Organización de Países Exportadores de Petróleo), para formar un bloque unido cuando los inversionistas desean comprar tierra.

“La OPEP ha dado poder de negociación a los países petroleros, pero eso no pasará cuando se trate de land grabbing. Los gobiernos de los países pobres luchan por atraer inversionistas que les puedan aumentar las ganancias, sin considerar las consecuencias”, opina Ashraf Hussein.

Muchas promesas

Un caso así existe en Massingir, en el sur de Mozambique, donde en 2007 desalojaron a centenares de campesinos y sus familias. La razón: Por una promesa de crear 7,000 empleos e invertir 510 millones de dólares en el transcurso de seis años, a la empresa Procana se le otorgó 30,000 hectáreas de tierra, de parte del gobierno de Mozambique, para la producción de caña de azúcar para biocombustibles.

La venta generó fuertes especulaciones de que el presidente Guebuza, de Mozambique, uno de los hombres más ricos del país, junto con otros ejecutivos de su gobierno tenía intereses personales en el proyecto.

El director de Procana, Izal Holtzhausen, niega rotundamente estas especulaciones, así como también descarta las acusaciones de la población local de que no se han creado empleos y las advertencias de las ONGs de que las condiciones de vida de la gente están en peligro.

“No se pueden crear 7,000 empleos en un solo día, mucho menos en medio de una crisis financiera. ¿Qué es lo que quieren las ONGs? ¿Qué los campesinos sigan viviendo primitivamente y sin esperanzas de tener una vida moderna? Las ONGs deberían hacer como Procana y crear posibilidades para la gente. Hemos hecho pozos y hemos enseñado a un grupo de campesinos a regar. Ahora vendes maíz, zanahoria y otras verduras en una zona donde siempre ha habido escasez de alimentos”, explica Izak Holtzhausen y subraya que Procana no es un proyecto social.

“Evidentemente estamos buscando ganancias, pero si al mismo tiempo podemos crear desarrollo e involucrar a la población local, es un valor agregado”, dice el director de Procana, de 40 años de edad.

Razão Manjane, uno de los líderes de un pueblo cerca de Massingir, no es muy amigo de Procana.

“En vez de traer desarrollo, Procana ha traído más pobreza, porque han tomado nuestra tierra. Nuestro ganado no tiene donde pastar y las maquinarias de Procana han quitado los arbustos y árboles que utilizamos como leña y para la construcción de casas”, opina Razão Manjane.

A Ashraf Hussein le preocupa la historia: “Demuestra que los gobiernos e inversionistas pocas veces hacen acuerdos que son transparentes y entendibles para la gente local”, opina.

Inversiones son buenas

Tanto Hussein como Olivier de Schutter subrayan que no están en contra de las inversiones en tierra en países en vías de desarrollo.

“Pueden ser una ventaja para todos, incluyendo a los campesinos. Las inversiones extranjeras pueden crear empleos, mejorar infraestructura y crear un mercado más grande para la venta de productos locales; y de esa manera beneficiar a la población local. Pero requiere voluntad de los gobiernos africanos y de los inversionistas”, opina Olivier de Schutter.

Aunque sabe que va en contra de fuerzas muy poderosas, sigue siendo optimista.

“Evidentemente, es difícil controlar un país tan grande como China. Pero la seriedad del asunto está quedando más clara para los gobiernos del Norte, donde los donantes deberían exigir más a los países que reciben las donaciones, en asuntos de tierra. Y en realidad, no solamente es un asunto de Norte-Sur. Brasil está actuando con mucha ética en asuntos de seguridad alimentaria, Burkina Faso está cambiando y Egipto también está mostrando voluntad de negociación”, aclara Olivier de Schutter.

Él luchará para que la Asamblea General de la ONU tome un primer paso hacia un conjunto de reglas internacionales, sobre la compra y venta de tierras por parte de Estados.

“Espero que esté listo el próximo año. No podemos esperar más”, advierte Olivier de Schutter.

Los once mandamientos propuestos por la ONU

 

  1. Transparencia y participación de las comunidades
  2. Las comunidades deben aceptar voluntariamente las inversiones
  3. Nuevas leyes que protejan y aseguren a las comunidades el acceso a toda información
  4. Ganancias del proyecto deben usarse en la comunidad
  5. Producción debe crear empleo local
  6. Producción agrícola ambientalmente amigable
  7. Se debe sancionar al inversionista, si no cumple
  8. Algunos de los productos deben venderse en el mercado local
  9. No se debe negociar sin, primero, considerar la seguridad alimentaria de la gente
  10. El gobierno debe trabajar con la comunidad
  11. Los trabajadores del campo deben gozar de condiciones de empleo seguras y buenas
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Eslabón

Este texto ha sido tomado de nuestra revista Eslabón, tomo 42. También queda la posibilidad de ver la revista en línea o suscribirse a futuras publicaciones. La suscripción es gratuita.

Aquí también

También en América Central existen comunidades afectadas por negocios entre inversionistas extranjeros y gobiernos centroamericanos. En Guatemala, Honduras y El Salvador, la lucha contra la minería extranjera ya lleva bastantes años, y sigue.

Recientemente, la comunidad de Cabañas, en El Salvador, ha sentido lo que significa luchar con un gigante canadiense. Con sus constantes denuncias en contra de la empresa Pacific Rim, la organización asociada ADES y la radioemisora Victoria se han convertido en blancos de amenazas y  persecuciones, que tienen el objetivo de parar la lucha de los pobladores en contra de una propuesta de mina abierta de oro.