Militares en el golpe de Estado

Documento secreto revela posición no oficial de Estados Unidos, de que militares formaban parte central en el golpe de Estado en Honduras.

Los militares no tenían ninguna autoridad para expulsar a Manuel Zelaya, dice embajador Llorens en comunicación confidencial: "Los soldados se abrieron paso a tiros en las cerraduras y esencialmente secuestraron al Presidente." Foto: Christian Korsgaard.

Por Christian Korsgaard, asesor en comunicaciones, ActionAid Dinamarca.

La ola de impacto de la más reciente relevación de Wikileaks ya alcanzó a Honduras.

En una comunicación confidencial del embajador Llorens el 24 de julio 2009, el embajador reconoce que lo sucedido en Honduras un mes antes, “constituyó un golpe de Estado ilegal y anticonstitucional contra el Poder Ejecutivo” y “que el ascenso de Roberto Micheletti al poder fue ilegítimo.” Asimismo, concluye que los militares no tenían ninguna autoridad para expulsar a Manuel Zelaya y que “los soldados se abrieron paso a tiros en las cerraduras y esencialmente secuestraron al Presidente”.

Reconoce rol de militares

Es la primera vez que el reconocimiento estadounidense sobre el rol de los militares en el golpe de Estado se hace público, y la forma contundente en que se expresa el embajador estadounidense, indiscutiblemente levantará muchas dudas sobre el por qué su país nunca quiso reconocer oficialmente que se trataba de un golpe militar de Estado. De haberlo declarado como tal, la presión sobre el gobierno de facto de Roberto Micheletti hubiera aumentado considerablemente – y por lo tanto también hubiera facilitado una solución diferente a la crisis.

Asimismo, la posición de Llorens llama la atención, porque Estados Unidos fue uno de los primeros países en reconocer el gobierno de Porfirio Lobo, electo en un proceso organizado por un gobierno ilegítimo, según el análisis del propio embajador de EE.UU.

Clinton no niega veracidad

El documento confidencial sobre el golpe de Estado en Honduras forma parte del primer paquete de documentos secretos publicados por Wikileaks el pasado fin de semana, bajo el nombre de Cablegate. La mayor parte de los documentos publicados aparentemente son comunicaciones confidenciales entre embajadas estadounidenses en el mundo y Washington.

Actualmente, Estados Unidos está considerando colocar a Wikileaks en la lista negra de organizaciones de terrorismo y la canciller Hillary Clinton considere la publicación de los 250,000 documentos secretos como un atentado grave no solamente a Estados Unidos, sino al mundo como tal. Clinton “lamenta profundamente” la publicación de los documentos y tema que pueden dañar las relaciones diplomáticos de su país con el resto del mundo. Sin embargo, no niega la veracidad de los documentos hasta ahora publicados.

Los autores y actores del golpe se identifican – según Llorens – como políticos, el poder judicial y los militares. Según su análisis, éstos “no han podido formular argumentos convincentes para salvar el abismo intelectual entre ‘Zelaya violó la ley’ y ‘por lo tanto, fue llevado a Costa Rica por los militares sin un juicio’”. Foto: Christian Korsgaard.

Llorens: Argumentos inválidos

Según el análisis de Llorens, “los defensores de golpe de Estado del 28 de junio han ofrecido una combinación de los siguientes argumentos, a menudo ambiguos, que afirman su legalidad,” entre ellos:

• “Zelaya había violado la ley (supuesto pero no probado);
• Zelaya renunció (un invento claro);
• Zelaya pretende ampliar su mandato (supuesto);
• Si se le hubiese permitido proseguir con la encuesta de opinión sobre la reforma constitucional del 28 de junio, Zelaya habría disuelto el Congreso al día siguiente y convocado a una Asamblea Constituyente (supuesto);
• Zelaya tuvo que ser expulsado del país para evitar una baño de sangre;
• El Congreso ‘por unanimidad’ (o en algunas versiones por un 123-5 votación) destituyó a Zelaya (después de los hechos y bajo el manto del secreto), y
• Zelaya ‘automáticamente’ dejó de ser presidente el momento propuso modificar la prohibición constitucional de reelección presidencial”.

Sin embargo, a criterio de Llorens y la embajada estadounidense en Tegucigalpa, “ninguno de los argumentos anteriores tiene validez sustantiva en virtud de la Constitución de Honduras. Algunos son directamente falsos. Otros son meras suposiciones o racionalizaciones ex-post de un acto manifiestamente ilegal”.

Congreso y militares sin autoridad

La comunicación de Llorens, elaborada a ‘celebrarse’ el primer mes del golpe de Estado, dice claramente que “los militares no tenían autoridad para remover a Zelaya de la país” y además estipula que “el Congreso no tiene autoridad constitucional para destituir a un Presidente de Honduras”. El embajador informa a Washington que según la Constitución de Honduras, el Presidente sólo podrá ser destituido en circunstancias de muerte, renuncia o incapacidad – y que solamente la Corte Suprema puede determinar que un Presidente ha sido ‘incapacitado’ sobre la base de cometer un delito.

Llorens menciona que “el Congreso y el Poder Judicial destituyeron a Zelaya en base a un precipitado proceso secreto, ad-hoc e ilegal de 48 horas” y que “la supuesta carta de ‘renuncia’ era una fabricación y ni siquiera fue la base para la acción del Congreso del 28 de junio”. Finalmente, menciona que “la detención de Zelaya y su salida forzosa del país violaba múltiples garantías constitucionales incluida la prohibición de la expatriación, la presunción de inocencia y derecho al debido proceso”.

Documento ilumina (un poco) abismo negro

El documento confidencial de Llorens ilumina aunque sea un poco el abismo negro de información que existe en cuanto a la posición no oficial – o interna – del gobierno de Estados Unidos en relación al golpe de Estado.

Cabe resaltar que no hay nada en el documento publicado que indica que Estados Unidos de alguna manera tenía algo que ver con la organización del golpe de Estado en Honduras. De igual manera, no hace mención del supuesto rol de la clase empresarial en el golpe. Los autores y actores del golpe se identifican – según Llorens – como políticos, el poder judicial y los militares. Según su análisis, éstos “no han podido formular argumentos convincentes para salvar el abismo intelectual entre ‘Zelaya violó la ley’ y ‘por lo tanto, fue llevado a Costa Rica por los militares sin un juicio’”.

En resumen, Llorens concluye que “las acciones del 28 de junio sólo pueden ser consideradas como un golpe de Estado por el poder legislativo, con el apoyo de la rama judicial y los militares, contra el Poder Ejecutivo. Cabe mencionar que, aunque la resolución adoptada en junio 28 se refiere solamente a Zelaya, su efecto era eliminar el poder ejecutivo completo. Ambos acciones superan claramente la autoridad del Congreso”.